Causa YPF: Preska, en modo FMI, esperará al nuevo gobierno para cerrar el caso

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Loretta Preska dio a conocer que las presentaciones judiciales serán retomadas en diciembre. En tanto que el nuevo gobierno del país será el encargado de presentar sus argumentos en enero.

Loretta Preska suspendió hasta el 7 de diciembre el juicio por la reestatización de YPF. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York esperará al resultado de las elecciones presidenciales del 27 de octubre; sucede ante lo que percibe es una especie de vacío de poder en cuanto a la posibilidad de definir una estrategia concreta de parte de la Argentina.

Preska esperará ahora saber quién será el próximo Presidente y qué estrategia legal planteará ante el caso. Esto es, si mantendrá el planteo argentino que apunta a la suspensión del juicio en Nueva York y su traslado a los tribunales de Buenos Aires; o si la nueva administración que suceda a la actual, modifica la estrategia. Especialmente en el argumento basado en la existencia de no reconocer la operación de compra que el fondo inglés Burford concretó en los tribunales de Madrid, luego de la presentación en quebrando de Petersen Energía por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renacionalizó la petrolera en 2012.

Si finalmente Alberto Fernández es el vencedor de las elecciones de octubre, será entonces él quién deberá armar una estrategia de litigio en un tribunal de Nueva York, que el kirchnerismo conoce muy bien. Fue allí donde durante años el anterior gobierno batalló, sin éxito, ante el juez Thomas Griesa por el Juicio del Siglo planteado por los fondos buitres por la deuda caída en default en 2001.

Demoras y cambio de estrategia

Preska tomó la decisión, al observar en las últimas semanas que el país se demoraba en el compromiso de aportar las pruebas que, según los abogados del estudio Skadden que representan al país, iban confirmar la existencia de hechos de corrupción en el momento de concretar la operación de ingreso de socios privados a la compañía durante la gestión de Néstor Kirchner. Con esto, aseguraban desde la Procuración del Tesoro (que lleva adelante la representación legal del caso a nombre del Gobierno Nacional) se provocaría un golpe directo al corazón del reclamo del fondo Burford.

El 25 de julio pasado, Preska le había dado cierta credibilidad al reclamo argentino; otorgándole más plazo a los abogados contratados por la Argentina para que presentaran las pruebas necesarias para justificar la posición de una mudanza de la causa. Si bien no había dado ninguna pista sobre si podría aceptar o no el reclamo, le permitió al país contar con un plazo prudencial de varios meses; para que presenten pruebas y contrapruebas sobre las sospechas de irregularidades en la operación de apertura de capital a la compañía. Y, a partir de esto, de quedar eventualmente fuera de responsabilidades por no haber extendido al resto de los accionistas la oferta de compensación que se le había concretado a los españoles de Repsol.

Si bien la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York estaba lejos de darle la razón a la defensa de la Argentina y la petrolera, el Gobierno había conseguido un éxito en la extensión de los plazos. Incluso se especulaba con que la resolución podría extenderse hasta comienzos del 2020. Eran tiempos en los que el Gobierno de Mauricio Macri creía navegar en aguas tranquilas hacia la reelección, con lo que se consideró que la mejor estrategia en el juicio por YPF era ganar tiempo y resolver la cuestión cuando los tiempos políticos le otorgaran la garantía de cuatro años más de gestión.

Elecciones y cambio de expectativas

Todo se complicó con el resultado de las Paso. Después del 11 de agosto, los abogados que representan al país le habían indicado a Preska que la elaboración y envío de las pruebas prometidas estaban demoradas “por cuestiones políticas”, y que había que esperar un tiempo más hasta poder organizar la información. Como las demoras se fueron ampliando, Preska pidió a los abogados que aclararan la situación.

Desde Buenos Aires la respuesta al requerimiento fue realista: los tiempos habían cambiado, y el clima de confrontación ya era otro. En otras palabras, la voluntad de avanzar en acusaciones de corrupción contra la gestión kirchnerista por la manera en que se reestatizó YPF perdía fuerza, ante la certeza que un gobierno de Alberto Fernández automáticamente desmantelaría la estrategia. Esto además de un despido automático del estudio de abogados que armó las presentaciones de rigor.

Termina así una etapa en la causa comenzada el 11 de julio pasado, durante la primera audiencia pública directa entre los abogados defensores y los demandantes, donde la jueza había aceptado el entonces nuevo reclamo argentino; y que se basaba en la posibilidad que desde el país se presentaran las pruebas sobre la manera en que el kirchnerismo había abierto el capital de la petrolera más allá de Repsol; y porqué había sospechas concretas de actos de ilegalidad en esa operación.

Para el Gobierno de Mauricio Macri, esa extensión en el tiempo era oro en polvo. Determinaba que la decisión final de la causa se extendería indefinidamente y que, además, el capítulo del juicio YPF en Nueva York también podrá ser utilizado en la campaña electoral, dado que los dos principales actores de la operación de reestatización de YPF eran los principales candidatos de la oposición: la expresidenta Cristina de Kirchner y el exministro de Economía Axel Kicillof. Dentro del Ejecutivo, se ponderaba que la estrategia de Skadden, elaborada con los representantes del oficialismo que se ocupan del caso, basada en “embarrar la cancha”, había prosperado.

Jurisdicción del juicio

El planteo argentino expuesto por la abogada del estudio Skadden, Maura Grinalds, quien planteó la mudanza del caso a Buenos Aires, fue ante la necesidad de evaluar la manera en que en 2008 se había vendido el 25% de YPF. La abogada presentó al comienzo de la audiencia las justificaciones sobre el reclamo, basado en que la operación podría haber incluido hechos de corrupción, que debían ser juzgados por las leyes argentinas. Y que al estar implicados muchos testigos locales, la Justicia argentina debía ser la que debía tomarles declaración. Argentina aseguraba que hay causas abiertas en el país que están juzgando el caso de la operación de 2008, y que un avance de estas causas podría ser de utilidad y esclarecer el caso que evalúa Preska. En realidad la única causa que trata el tema está en poder del juez Ariel Lijo, y se basa en una denuncia de la diputada Elisa Carrió de 2008, y hasta ahora no tiene mayores movimientos, pese a que ya cumplió más de 10 años desde su presentación.

La causa se basa en la demanda de Burford, por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado al mismo valor.

Burford y los avatares del caso

Burford negoció en 2013 en la Justicia española la compra de la quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas que originalmente representaban las acciones del Grupo Petersen dentro de la petrolera; pero que ya a comienzos de ese año se habían presentado en quebranto en los tribunales de Madrid. Burford, un especialista en detectar casos judiciables por el mundo con potencial de litigio internacional, adquirió los derechos del juicio por unos u$s13 millones, en un contrato firmado por el síndico de la quiebra.

En la presentación de los escritos de Burford, dejó siempre claro que la compra de la causa fue a la Justicia española, y que para 2013 ya no tenía nada que ver con la petrolera el Grupo Petersen. Este punto sería además uno de los argumentos del demandante para desestimar el reclamo de la Argentina de mudar la causa a Buenos Aires para investigar si existieron hechos ilegales en el momento en que el Grupo Petersen ingresó en la petrolera. Burford no es especialista en inversiones financieras, sino que se concentra en la alternativa de encontrar megajuicios de compañías en quiebra o empresas en bancarrota con demandas de terceros, pero que no tienen espaldas como para avanzar en juicios durante años.

En el caso de Petersen, luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015, quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner. El grupo argentino se presentó en concurso en España en 2012, al no poder continuar realizando los pagos comprometidos para su ingreso en la petrolera, al prohibir el Gobierno de Cristina de Kirchner el pago de dividendos, ya con YPF nacionalizada. Esta era la forma en que Petersen había acordado con el Gobierno argentino la liquidación de su deuda original con Repsol, por lo que el cambio de planes del Gobierno de 2012 determinó su presentación en concurso y su posterior bancarrota. Unos meses después apareció Burford y su reclamo por unos u$s3.000 millones.

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