Interna en la Corte: votos secretos y un golpe al Gobierno por los jubilados.

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Crece la desconfianza entre los jueces por posibles “filtraciones”. Un fallo impactante para cerrar el año.

Aunque el resultado se presumía desde el lunes a la noche, ni siquiera cuando estuvieron cara a cara en la reunión de acuerdos de este martes los cinco jueces de la Corte Suprema blanquearon entre sí los detalles de sus votos para rechazar el planteo contra la ley de lemas en Santa Cruz. Con ese nivel de desconfianza se mueven hoy los cinco miembros del Máximo Tribunal Judicial. Recién pasado el mediodía, cada uno en su despacho y por separado, fueron estampando las firmas. El grueso de la noticia hacía horas que ocupaba lugares centrales en los portales web. Clarín la había confirmado desde temprano.

Al menos un par de antecedentes alimentan las sospechas entre Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. El más grave: en una de las reuniones previas para discutir el fallo de jubilados que se conocerá la semana próxima se habría filtrado información al Gobierno y motivó una resolución oficial del Ejecutivo para quitarle argumentos a una eventual decisión en contra. Esos encuentros preparatorios, habituales, se hacen entre letrados que responden a cada miembro de la Corte. ¿Cantó alguno?

Otro integrante del Máximo Tribunal cuenta que tras otra reunión, en este caso por el tema Santa Cruz, su teléfono empezó a sonar. Había pasado apenas una hora y lo llamaba un funcionario de Mauricio Macri tratando de “convencerlo” de que cambie de postura. Más dudas: ¿cómo se enteró la Rosada?

El recelo no se agota allí y llega a temas casi escolares: un juez de la Corte cree que otro le fue copiando parte de los argumentos que esgrimió en el fallo que avaló la restricción del beneficio del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Parte de este clima es el que incidió para que, a mediados de noviembre, se decidiera confeccionar una agenda con los fallos más sensibles que se irían sacando hasta fin de año. Para evitar cualquier postergación, acordaron difundirla a los medios. No es un detalle menor: para entonces, el Gobierno ya había dejado trascender su preocupación por el eventual impacto económico de un fallo adverso en el tema jubilados. Y algunos miembros de la Corte habrían sugerido patear el caso para 2019. Ahora habían quedado comprometidos en público.

Justamente el caso que definirá la fórmula para calcular haberes e indemnizaciones de jubilados que hicieron juicio al Estado es el que cerrará la agenda caliente de este año.

Respecto a este tema, se eligió un reclamo en particular (el de Lucio Orlando Blanco), pero en la Corte duermen otros 7.000 expedientes similares y el alcance total de la decisión podría extenderse a 150.000 causas en todo el país. Según los cálculos de los especialistas, si el fallo sale favorable a Blanco (y se tiene en cuenta el índice ISBIC y no el RIPTE) le correspondería un haber un 31% superior al que le ofrece la ANSeS con la Reparación Histórica. Y una retroactividad un 50% mayor por la acumulación de esas diferencias a lo largo de 15 años.

“Lo que se resuelva en el caso Blanco, la Corte lo aplica luego a los otros 7.000 que tiene. Esos expedientes hay que firmarlos igual, uno por uno, en los acuerdos semanales que van teniendo los jueces. Esto se haría ya luego de la feria de enero. Y respecto al resto de los 150.000 casos, si la decisión de la Corte sale a favor de Blanco, se descuenta que la ANSES dejará de apelar y entonces se iría normalizando la situación y los jubilados cobrando más. Los jueces de primera instancia y las cámaras ya vienen fallando por el índice más alto”, explicó a Clarín un especialista.

Según pudo reconstruir este diario, ya habría al menos tres votos dispuestos a fallar a favor del jubilado. Por un lado, Lorenzetti y Maqueda tienen antecedentes en temas previsionales donde determinaron que el índice ISBIC es el correspondiente. A ellos se sumaría al menos, Horacio Rosatti, único constitucionalista del cuerpo. Rosenkrantz ya tiene la decisión tomada, pero prefiere reservársela. Como en casos anteriores, Highton genera dudas.

En el propio Gobierno una alta fuente admitió que “por el caso elegido, sería extraño que fallaran en contra del demandante”. Con la derrota probable, en el Ejecutivo se conformarían con alguna limitación en la decisión de la Corte para que no puedan sumarse al reclamo los que sí aceptaron la Reparación Histórica.

La Rosada envió a distintos funcionarios y dirigentes a buscar torcer al decisión. Uno de ellos fue el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso. No se llevó las respuestas que esperaba. Al menos de un par de despachos.

Más allá de la raíz jurídica del caso, en la Corte también incomoda un condimento político-social. Desde hace años, todas las semanas, una marcha de jubilados va hasta el Palacio de la calle Talcahuano por distintos reclamos. Una de las metodologías de la protesta es “tomar lista” de los miembros del Máximo Tribunal. A medida que los nombran, detrás le dedican algún insulto. Los gritos, micrófono mediante, llegan hasta las oficinas de los magistrados.

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