Piden una auditoría sobre los jueces que intervinieron en la causa armas

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El presidente del interbloque de la coalición de gobierno de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el radical cordobés Mario Negri, pidió este miércoles al Consejo de la Magistratura, organismo que él integra, la realización de una auditoría sobre la actuación de los jueces que intervinieron en la causa penal sobre el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno del actual senador Carlos Menem y que la semana pasada tuvo su último hito con una absolución a favor del ex presidente por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.

La presentación del legislador -que no apunta tanto a los últimos jueces que fallaron a favor de Menem por el largo plazo transcurrido desde el inicio de la causa sino a los colegas que actuaron anteriormente en el caso sobre todo en el fuero penal económico – se suma a unas similares que formularon en los últimos días ante el mismo organismo el abogado Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura y postulado esta semana sin éxito para un nuevo período en esa institución, y un vecino de La Matanza llamado Ramón César Hernández que también denunció penalmente a los tres últimos camaristas que fallaron la semana pasada.

La causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por hechos iniciados en 1991, se abrió en 2005 por una investigación de Clarín sobre la que se basó una  denuncia del abogado Ricardo Monner Sans y recién casi una década después tuvo una sentencia absolutoria respecto de Menem -se dijo que la firma de los decretos de exportación de las armas era una decisión de gobierno no judiciable- pero luego la Casación revirtió la sentencia. Así, Menem fue condenado siete años y medio de prisión por el delito de contrabando.

Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema intimó a la Casación a resolver el caso con otros jueces y le permitió ser nuevamente candidato a senador porque no existía un “doble conforme” a la sentencia condenatoria, tal como exigen los parámetros internacionales, según dijeron fuentes judiciales. Ahora, la última decisión de Casación podrá ser apelada a la propia Corte, seguramente por el fiscal Raúl Pleé, y ésta tendrá la última palabra, es decir si revisa o no el caso.

En su presentación ante el Consejo, Negri sostuvo que del propio fallo de Casación firmado la semana pasada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, surge que “la demora” en la tramitación de la causa “obedeció a la pésima labor investigativa de parte de las autoridades estatales y no a la complejidad de la maniobra en sí misma” y que esos mismos magistrados resaltaron que “desde su inicio, la investigación fue “engorrosa, lenta y sin un claro norte tendiente a descubrir la verdad de lo sucedido”.

Negri pretende que la auditoría solicitada “determine quiénes fueron los operadores procesales que intervinieron en la tramitación de la misma (por la causa) desde su inicio, si los plazos utilizados en cada una de sus etapas fueron los adecuados” o “si existieron demoras injustificadas que sean atribuibles a los mismos”.

La causa fue tramitada inicialmente en el juzgado penal federal 8, que estaba a cargo del ahora ex juez Jorge Urso, y luego, por decisión de la Corte Suprema, pasó al juzgado penal económico entonces a cargo de Julio Speroni, también fuera ahora del Poder Judicial, quien la elevó a juicio varios años después, con intervención del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3.

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