Empresas y juristas debatieron sobre las consecuencias de la causa de los cuadernos con la mira en Odebrecht

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La Argentina y Brasil atraviesan un período de sintonía en sus políticas de lucha contra la corrupción sistémica, que se expresa en los casos del Lava Jato y los cuadernos de las coimas. Ambas experiencias muestran similitudes y diferencias.

La causa de los cuadernos del chofer Centeno arrancó con la denuncia judicial del periodista Diego Cabot, del diario La Nación. Y los allanamientos se hicieron el 1 de agosto de este año, cuando se detuvieron a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios contratistas del Estado que pagaban coimas millonarias para que Néstor y Cristina Kirchner les dieran obras públicas.

“Fue un trabajo inédito y exitoso de colaboración con la Justicia, que produjo cambios en la consecución lógica de los hechos”, aseguró Cabot, en la conferencia internacional de “Compliance, Anticorrupción e Investigaciones“. Pero agregó que, “pese a ello, no veo que la Justicia y la política hayan generado algún tipo de instrumento para generar controles anticorrupción en tiempo real”. Es decir, se investiga al Gobierno anterior, que ya perdió poder, pero no al actual.

En cambio, el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó las políticas anticorrupción que lleva adelante el Gobierno nacional, a través de una serie de herramientas que impulsó Cambiemos, como la Ley del Arrepentido y la Ley Penal Empresaria, entre otras iniciativas que mostraron su utilidad en la causa de los cuadernos de las coimas. “El Gobierno del presidente Macri va a ser recordado por el combate a la corrupción”, dijo Garavano, en un video grabado que se presentó en la conferencia internacional organizada por el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, ante más de 200 abogados y empresarios, en su auditorio del centro porteño. 

El funcionario macrista aseguró que se trata de una política integral, “que permite verificar el mecanismo estructural de corrupción que el país sufrió durante tantos años”. El ministro Garavano aseguró que es inédita la gran cantidad de juicios por temas de corrupción que están en la etapa de juicio oral, en los que, por ejemplo se condenó al ex vicepresidente Amado Boudou y se recuperó un terreno de Tandanor de más de 500 millones de dólares. Y habló del desafío de “ayudar a las empresas que durante muchos años participaron de estos mecanismos” de corrupción, para que puedan reconvertirse, sigan con las obras públicas y no se pierdan los empleos de sus trabajadores.   

En ese sentido, Mora Kantor, subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, planteó que el próximo 1° de octubre ese organismo presentará los lineamientos para políticas de integridad de las empresas, en su relación con el sector público.

Desde la experiencia brasileña, Olga Pontes, jefa de políticas de integridad (Compliance) de Odebrecht, contó cómo fue la reconversión de la compañía, luego del escándalo de corrupción que salió a la luz en el marco del Lava Jato. “Fue la construcción de una nueva empresa, ya que la única forma de poder sobrevivir era transformar la forma en que hacíamos los negocios y cooperar con las autoridades”, dijo Pontes. La directiva de la casa matriz de Odebrecht mencionó las medidas que tomaron para poder hacer sus negocios con “ética y transparencia”, entre las que destacó la presencia en la empresa de “monitores internos” de las autoridades de Estados Unidos y Brasil, así como la contratación de consejeros independientes en el Consejo de Administración de la compañía. 

Sin embargo, esa transformación de Odebrecht no se pudo trasladar a la Argentina, donde la empresa brasileña fue retirada del registro de obras públicas del Gobierno nacional y tuvo que vender su parte en el consorcio que lleva adelante el Soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Recién hace dos meses la Procuración General de la Nación llegó a un acuerdo con su par brasileño para que declaren los arrepentidos de Odebrecht, en el marco del cual los fiscales argentinos podrán intercambiar información judicial con Brasil sobre los US$ 35,5 millones en coimas que la empresa brasileña dice que pagó durante el kirchnerismo. 

El Lava Jato arrancó en marzo de 2014, cuando la Policía Federal brasileña allanó numerosos lavaderos de autos, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero. Desde entonces, hubo “121 personas que fueron a prisión, 177 arrepentidos y 2013 años de condenas”, dijo el abogado brasileño Bruno Maeda.

La Argentina todavía está lejos de esa experiencia. Pero puede aprender de sus aciertos y errores, para que cuando se hable de la relación entre Argentina y Brasil, lo primero que se mencione no sea la vieja rivalidad futbolera, sino la colaboración en sus políticas de lucha contra la corrupción.

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